Especialistas en Derecho Administrativo
Arteaga Zurawka Abogados ofrece asesoramiento y defensa jurídica en materia de Derecho Administrativo, prestando asistencia tanto a particulares como a empresas en sus relaciones con las distintas administraciones públicas.
La actividad administrativa afecta de forma directa a numerosos ámbitos de la vida personal y empresarial, especialmente en materias relacionadas con urbanismo, licencias, actividad económica, patrimonio, sanciones y contratación pública. Por ello, nuestro despacho proporciona un asesoramiento orientado no solo a resolver incidencias, sino también a prevenir riesgos y facilitar una adecuada relación con las distintas Administraciones Públicas.
Intervenimos en procedimientos administrativos de diversa naturaleza, incluyendo solicitudes de licencias y autorizaciones, recursos administrativos, expedientes sancionadores, reclamaciones patrimoniales y procedimientos urbanísticos. Cada asunto se analiza atendiendo a las particularidades normativas aplicables y al impacto práctico que las decisiones administrativas pueden tener para cada cliente.
Nuestra experiencia en asuntos a nivel internacional resulta especialmente útil para clientes extranjeros que necesitan desenvolverse en el complejo marco administrativo español, particularmente en cuestiones relacionadas con inmuebles, actividades económicas o residencia.
Asesoramiento legal en planeamiento urbanístico y relaciones con la administración
Arteaga Zurawka Abogados asesora en cuestiones relacionadas con planeamiento urbanístico, disciplina urbanística, legalización de construcciones, licencias de obra, etc., así como en procedimientos vinculados a infracciones o limitaciones administrativas sobre bienes inmuebles.
De igual manera, prestamos asistencia a empresas y profesionales que desarrollan actividades sujetas a autorizaciones administrativas o controles regulatorios, ofreciendo apoyo jurídico en procedimientos ante ayuntamientos, comunidades autónomas y otros organismos públicos.
El área administrativa también abarca la defensa frente a sanciones administrativas y la interposición de recursos contra resoluciones dictadas por la Administración, tanto en vía administrativa como contencioso-administrativa.